Los servicios de salud pública, educación y de otro tipo pueden brindar un alcance considerable para poner fin a las prácticas nocivas, pero deben estar dotados de las herramientas para hacerlo. Deben funcionar en consonancia con los principios de los derechos humanos, y responder a las necesidades que manifiestan las personas que los utilizan, tanto mujeres como hombres. Es necesario que, en todas las comunidades, los servicios de gran calidad avancen en la prevención de las prácticas nocivas, ofrezcan protección a las mujeres y las niñas en situación de riesgo, y proporcionen atención integral a las personas afectadas, como servicios médicos, legales, psicosociales y otros servicios esenciales. La educación se considera uno de los factores más fructíferos de la transformación de la vida de las niñas y las jóvenes.
La Agenda 2030 ha demandado la atención sanitaria universal, un objetivo que tiene interés renovado en reforzar los sistemas de salud, en especial para llevar atención de calidad a las comunidades marginadas. Aunque existen diversas formas de hacer esto, todas ellas deberían proporcionar información sexual y reproductiva de calidad y adecuada.
Fuente: UNFPA – Banco Mundial, 2017, (Arango et al., 2014)